18 octubre 2008

¿Qué hacer con tantas Facultades de Derecho?

Es muy conocido tanto por los que están emparentados con el derecho, como por los ciudadanos comunes, que hoy en día existe un exceso de estudiantes matriculados en una carrera cuyo mercado laboral no tiene plaza para todos. Aquel que estudia para abogado en el Perú puede invertir seis años de su vida para luego tratar de cazar un pez en un desierto.

Vemos como la poca fiscalización y control ha ocasionado la proliferación de facultades de derecho a lo largo del país, que muchas veces no reúnen los requisitos mínimos para funcionar, convirtiéndose esta carrera en una mina de dinero para algunos comerciantes de la educación. Facultades de Derecho que lanzan abogados mal preparados cuya labor muchas veces denigra la profesión, repercutiendo negativamente en todo el sistema de justicia nacional.

Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), asegura que actualmente existen 78 facultades y escuelas de derecho -con sus respectivas filiales-, donde cerca de 80 mil estudiantes se preparan para convertirse en abogados y salir a lucharla con otros 76 mil profesionales ya colegiados en el ámbito nacional.

"El país se aproxima a tener 150 mil abogados titulados, superando incluso en número a los que tiene España, cuya población es superior a la del Perú (...) Hay facultades fabricando abogados sin el nivel académico necesario. Estos profesionales van a operar en el sistema judicial de un modo riesgoso, oportunista y frívolo, afectando no solo a los litigantes sino a la sociedad en su conjunto", afirma.

Según un estudio del 2004, realizado por Luis Pásara y titulado "La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración del derecho", la sobrepoblación de las facultades de Derecho ya era un problema hace más de cuatro años. La investigación advirtió también de siete universidades en las que la cantidad de postulantes era menor al número de vacantes para sus respectivas facultades de derecho. Una perla más: la mayoría de universidades no contaban en sus bibliotecas con la bibliografía indispensable para un estudiante de abogacía.

David Lovatón, director de proyectos del Instituto de Defensa Legal (IDL), asevera que aun cuando el informe fue financiado por el propio Ministerio de Justicia, el gran número de intereses creados detrás del problema no habría permitido una mayor difusión y discusión del documento.

Existe también una propuesta de ley para cerrar las facultades de Derecho que no logren una certificación. Gutiérrez presentó el proyecto para proteger el sistema de administración de justicia mejorando la calidad de formación de los abogados, y afirmó que a nivel nacional, existen 82 mil estudiantes de derecho en 78 universidades, de las que sólo el 50% ofrecen una adecuada enseñanza."

Los alumnos reciben una formación de hace 200 años", dijo, y sostuvo que de aprobarse el proyecto, cada facultad tendrá un plazo de 180 días para certificarse." Y si no se certifica, se tiene que cerrar y la ley tendrá que ver a dónde se van los alumnos", advirtió Gutiérrez. Según el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Hugo Salas Ortiz, en las universidades de la ciudad se tienen alrededor de 8 mil estudiantes de Derecho.

Este proyecto se presentará mediante la figura de la iniciativa popular, que requiere 54 mil firmas para ser revisada por el Congreso en un plazo no mayor a 120 días. En todo el Perú hay 94 mil abogados.

Luis Pasara señala con razón que: "es de esperarse que, así como el CAL avanza en esta batalla de interés ciudadano, cumpla con sus responsabilidades en materia de control y sanción del mal ejercicio profesional. En la casa de los abogados de Lima hay que dejar atrás la práctica de “otorongo no come otorongo”, que también ha hecho un grave daño al ejercicio profesional y a los ciudadanos mal protegidos por aquél a quien contrataron como defensor profesional de sus intereses".

Estoy de acuerdo con muchos de estos proyectos y propuestas, pero creo que no solo deben de abarcar a las nuevas facultades o las que se están por crear, sino que debería también englobar a las facultades que pese a tener muchos años de creadas, su forma de enseñar el derecho ha quedado aletargada en el tiempo, contando con profesores mediocres que resguardándose en el hecho de ser nombrados se aferran a una función que los sobrepasa. Espero sinceramente que esta triste situación mejore con el tiempo y que todo no queda únicamente en propuestas, por el bien de una carrera que debe de recobrar el sitial perdido en los últimos años.



Giancarlo Haro Campos
Editor principal de Diritto e giustizia

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