Por Cris BautistaEstudiante de Derecho y miembro de la Clínica Jurídica USNCH
En los últimos días apareció en los medios de comunicación la información del hallazgo de una fosa común en la localidad de Putis en Ayacucho, donde estarían enterradas decenas de cadáveres de campesinos muertos a manos de las fuerzas del orden durante el conflicto interno que vivió el país en la década del 80. A la fecha no ha habido una respuesta consistente de parte de las autoridades, y los deudos han tenido múltiples dificultades para acceder al reconocimiento de los cadáveres. El recuento de los hechos a continuación por Cris Bautista, integrante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho (UNSCH).
El departamento de Ayacucho es uno de los tres lugares más pobres del país y el más afectado por la violencia política que padeció el Perú entre los años 1980 a 2000. A principios de los años 80, la acción subversiva recrudeció en las alturas del distrito de Santillana (Ayacucho-Huanta), con la activa presencia de senderistas en varias comunidades. Los campesinos eran acosados constantemente por el grupo armado, obligándolos a apoyar su lucha. En ese contexto, Sendero Luminoso obligó a los comuneros de la zona a abandonar sus viviendas y refugiarse en las alturas para evitar el contacto con las fuerzas del orden.
Al conocer la acción senderista, en noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis, con la finalidad de realizar operativos de ubicación y captura de los sediciosos. Como parte de su estrategia, los militares convocaron a la población, que se había replegado en las alturas, a regresar a Putis a cambio de protección y seguridad. Sin otra alternativa los campesinos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc aceptaron la propuesta, sin saber lo que pasaría. Una vez en el campamento, los comuneros fueron reunidos por los militares y obligados a abrir un enorme hueco en el suelo con la finalidad de hacer una “piscigranja” que supuestamente serviría a la comunidad, pero en el fondo lo que hicieron fue cavar su propia fosa. Luego, sin más razones fueron asesinados por simples sospechas sobre la posibilidad de que fueran colaboradores de Sendero Luminoso.
¿Quiénes fueron los responsables directos?
De acuerdo con los relatos de sobrevivientes de la zona se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de “capitán Baretta”, “comandante Óscar” y “teniente Lalo”. El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.
¿Y quienes eran estas personas?
Eran campesinos pertenecientes a las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc. Esta fosa ubicada en la localidad de Putis tiene 11 metros de largo y cinco de ancho, y en ella estarían enterrados un aproximado de 123 cadáveres tanto de mujeres, varones, adolescentes y niños.
A fin de poder determinar la identificación de los restos óseos de todos estos comuneros, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) ha instalado un laboratorio muy rudimentario en la zona, ya que es necesario la devolución a sus familiares para la sepultura de todos estos campesinos. Los expertos estiman que las exhumaciones y el reconocimiento de los restos culminarían la primera semana de junio. Sabiendo quién es el responsable de todo esto, nos preguntamos si el Estado apoyará en los gastos necesarios para el entierro de los campesinos.
¿Pero por qué esperar 24 años?
Putis es una zona muy pobre al igual que muchos lugares de la sierra del Perú, y como tal la intervención del Estado en el desarrollo y progreso es muy escaso, y más cuando se trata de asumir responsabilidades en temas de Derechos Humanos. Para poder conseguir justicia y reparación, los deudos debían acreditar primero la muerte de sus seres queridos conforme a las normas dispuestas por el Gobierno. Frente a este hecho, ¿Quien escuchaba los reclamos y pedidos de los pobladores quechua hablantes de la zona de Putis, y de otras zonas? Asimismo, ¿por qué el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho no inició “antes” estas exhumaciones? ¿Por qué todavía esperamos al EPAF para que realicen estas excavaciones de las fosas, si ya se tenía conocimiento de ellas en la zona? ¿Acaso no importaba el recuerdo y el derecho que tenían los familiares de estos campesinos muertos, por parte de las autoridades Ayacuchanas?
Fuente:
http://www.pucp.edu.pe/revista/clinica_juridica/no_olvidar.html
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