Reforma del sistema judicial. Análisis de su avance.

Dr. Nelson Ramirez
Socio principal del Estudio Muñiz.
Jiménez. Nelsonr@munizlaw.com

Uno de los mayores esfuerzos de Reforma Judicial en nuestro país se concretó con la creación de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) el 2003. Como lo dejó establecido la propia CERIAJUS, el plan de reforma fue elaborado bajo el criterio de corto, mediano y largo plazo, considerando para el primero un lapso no mayor de un año, para el segundo de uno a cinco años y para el tercero, más de cinco años.

Pues bien, ya han pasado varios años desde que se hicieron públicas sus propuestas y conclusiones. Por razones presupuestales, el año 2005 es el año de inicio de los cómputos oficiales. Por ende, al día de hoy, comienzos del 2008, tendrían que haberse puesto en marcha todos los objetivos de corto plazo y cuando menos buena parte de los de mediano plazo.
Duele tener que reconocer que la realidad indica que no se ha avanzado lo esperable; mejor dicho y sin eufemismos, que no se ha comenzado a andar. A continuación, analizaremos el estado de las siete (7) áreas temáticas contenidas en el plan de acción de la CERIAJUS; por ejemplo:

1. El Acceso a la justicia son pocos los Juzgados de Paz y/o los Módulos Básicos de Justicia creados a la fecha. Nada se ha hecho respecto a la sensibilización sobre la existencia de barreras culturales, ni se ha implementado el llamado “peritaje cultural”.

2. En Políticas Anticorrupción, Eticidad y Transparencia, más allá de reconocer los evidentes esfuerzos de la Oficina de Control de la Magistratura y algunas Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura, lo cierto es que no se ha implementado casi nada de los sugerido en el Plan Nacional. No se ha establecido, por ejemplo, una instancia interinstitucional de coordinación anticorrupción ni menos se ha aprobado el plan de lucha contra la corrupción o se han implementado los “voceros judiciales” que hagan transparente la información.

3. En Modernización de los Despachos Judicial y Fiscal ni siquiera se ha podido determinar cuál es la relación que debiera existir entre la población y despacho judicial y fiscal en los diferentes distritos judiciales. Tampoco se ha iniciado el plan de descarga procesal, pues como es público y notorio, los órganos de justicia están atiborrados de expedientes en trámite, a punto de colapsar. Habría que comenzar cuando menos con la desjudicialización de ciertas materias, con otorgar facultades al juez para decidir la permanencia del personal administrativo a su servicio, o con exigir que los Vocales Supremos cumplan a cabalidad con las exigencias del artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a la votación y suscripción de las decisiones, para evitar la larga espera que existe al día de hoy, pues de nada sirve que se publique el resultado en la web del Poder Judicial y no se tenga firmada la resolución después de varias semanas emitido el fallo.

4. En recursos Humanos cabe señalar que todavía no se promulga la Ley de la Carrera Judicial y, por el contrario, se ha impuesto la rebaja de sueldo a los Magistrados, desalentando la incorporación de profesionales capaces a la judicatura. Tampoco se ha terminado con la provisionalidad de los Magistrados.

5. En gobierno, administración y presupuesto tampoco se detectan logros importantes. La ley orgánica del Poder Judicial y la del Ministerio Público no han sido modificadas. No se avizora la asignación de un incremento importante en el presupuesto sectorial, quedando demostrada la falta de apoyo político a la reforma.

6. En predictibilidad y jurisprudencia es de resaltar un ligero avance con la elaboración de un proyecto de reforma del Recurso de Casación, con especial incidencia en el efecto vinculante de las sentencias. Nada se ha hecho sin embargo, en la implementación de sistemas informáticos ni en la puesta en marcha de Plenos Casatorios para unificar la Jurisprudencia.

7. En Reforma del sistema Penal no se ha creado el Consejo Nacional de la Justicia Penal (CONAJUPE) propuesto por la CERIAJUS para evitar legislación de coyuntura e impedir debates cíclicamente innecesarios como, por ejemplo, la implementación de la pena de muerte. Por otro lado, se ha postergado la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en casi todo el País, desalentando los esfuerzos ya iniciados al respecto.

Los ejemplos glosados indican claramente que el llamado Plan Nacional de Reforma de la Justicia es letra muerta. En mi opinión, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo están a la altura del reto histórico impuesto por la situación de la Justicia nacional. Por su parte, el Poder Judicial sigue demostrando, con problemas inauditos como la reciente denuncia de acoso sexual incoada contra el Presidente de la Corte Superior de Lima, que mientras no haga profilaxis interna, poco puede hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía.