Ian Paul Galarza Abogado asociado del estudio muñiz
Concebida inicialmente como una herramienta para lograr la creación de más riqueza para el accionista, ahora su objetivo incluye impactar positivamente en los grupos de interés vinculados a la empresa (stakeholders).
Mediante este enfoque, la gestión empresarial será reconocida como socialmente responsable, es decir, como un gobierno corporativo que mantiene diálogo y relaciones positivas con sus grupos de interés, asociando la creación de valor económico con el compromiso social y ético de su actividad empresarial.
Parte de esta política corporativa socialmente responsable será también la gestión de riesgos derivados de la actividad empresarial y, sin duda alguna, los riesgos penales estarán entre los de mayor lesividad para bienes jurídicos comprometidos, el entorno social o, en general, los stakeholders de la compañía.
Por ende, es imprescindible que se diseñen esquemas de gestión de riesgos penales que faciliten supervisar todos los estamentos inferiores de la empresa, contemplando para ello canales que permitan el flujo permanente de información en ambas direcciones. Para lograrlo se necesita dotar a la organización de herramientas que brinden operatividad a los diseños teóricos de prevención elaborados.
El recurso a la denominada Soft Law al interior de las empresas, los códigos de conducta o la implementación de programas de compliance emergen como herramientas útiles para contener los riesgos que pueden derivar la actividad de la empresa, inclusive los penales.
Hay consecuentemente una nueva orientación político criminal ante la criminalidad empresarial.
No basta con sancionar ex post al representante involucrado, se necesita ahora que las empresas logren prevenir la comisión de un delito en su interior, recurriendo a la implementación de medidas ex ante, como el compliance.
Fuente: El Peruano
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