18 agosto 2009

JUBILACION ADELANTADA ES OBSERVADA POR EL PODER EJECUTIVO

Katherine Subirana Abanto
FUENTE:
WWW.ELCOMERCIO.COM.PE

La salida de unos 200 mil afiliados y un desembolso adelantado de más de S/.2.200 millones para las AFP son, en cifras, algunos de los temores que señala el Gobierno en la observación del proyecto de ley de jubilación anticipada para los afiliados a las AFP.
Con casi una decena de consideraciones, el documento con la rúbrica del presidente de la República y el primer ministro llegó al Congreso el 14 de agosto, a pocos días de vencer el plazo de ley para su observación o promulgación.

COSTO—BENEFICIO
Según estimó el Ejecutivo, las AFP deberían desembolsar de un solo golpe un aproximado de S/.1.500 millones en pensiones y S/.736 millones en devoluciones, y serían unas 200 mil personas las que se acogerían a estos beneficios. También se cuestiona la diferencia de edades de jubilación de hombres (55) y mujeres (50), pues según estimados, la esperanza de vida de la mujer es mayor y contaría con una menor pensión al jubilarse antes.

BONO DE RECONOCIMIENTO
Quienes aportaron a la ONP y luego pasaron a una AFP poseen un fondo en el Estado denominado bono de reconocimiento. El proyecto de ley apuntaba a la devolución de este bono, como parte de la jubilación adelantada. El Ejecutivo considera en su observación que el proyecto permitiría que un mayor número de personas soliciten este bono, y advierte que no se contaría con el presupuesto necesario para ello.
DEVOLUCIÓN VS. JUBILACIÓN
Otro punto del proyecto era permitir la jubilación de quienes cumplieran los requisitos de edad, aún cuando su fondo no alcanzara para una pensión mínima. En este caso se les devolvería todo lo aportado. El procedimiento recibiría el nombre de “devolución”. Sobre esto, el Ejecutivo considera que los pedidos de “devolución” superaría con creces los de jubilación, lo que ocasionaría “un potencial costo fiscal por la posible demanda de beneficios adicionales para este grupo vulnerable”, como dice el documento.
Finalmente, el Ejecutivo advierte al Legislativo que al proyectarse la vigencia de esta ley por tres años y medio los costos fiscales serían mucho más altos que los hasta ahora estimados.

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